El informe sugiere que la gestión de la Patrulla Fronteriza del tiroteo en la escuela de Uvalde fue marcada por fracasos e inadecuada preparación.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Nacional realizó la primera revisión exhaustiva de las acciones de los 188 agentes de Patrulla Fronteriza que se reunieron en la Escuela Primaria Robb, superando a cualquier otro cuerpo de aplicación de la ley. Un tirador adolescente armado con un arma estilo AR masacró a 19 estudiantes y dos maestros dentro de una clase de cuarto grado, según los investigadores, antes de que un equipo liderado por un equipo táctico de Patrulla Fronteriza entrara en la habitación y pusiera fin a su vida.
Después del tiroteo, la Patrulla Fronteriza no ha enfrentado el mismo nivel de críticas que los troopers de Texas y la policía local debido a su respuesta tardía para confrontar al tirador. El tirador pasó más de 70 minutos en la clase de Texas del Sur, mientras que un número creciente de policías, troopers estatales y agentes federales merodeaban por los pasillos fuera.
Dos oficiales de la policía escolar de Uvalde acusados de no actuar fueron procesados y declararon no culpables este verano.
Las familias de las víctimas han exigido responsabilidad durante mucho tiempo en respuesta a la respuesta tardía de la policía en Texas del Sur.
Más de 90 oficiales de la policía estatal estaban presentes en la escena, junto con la policía escolar y municipal. Diversas investigaciones federales y estatales han expuesto problemas sistemáticos en la formación, comunicación, liderazgo y tecnología de las fuerzas del orden, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si los oficiales priorizaron sus propias vidas por encima de las de los niños y los maestros.
Un informe emitido por los legisladores estatales dos meses después del tiroteo señaló "tomar decisiones egregiamente pobres" por parte de las fuerzas del orden como uno de los principales problemas. Entre las críticas incluidas en un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. se encontraba la observación de que no hubo "urgencia" en establecer un centro de mando, lo que llevó a la confusión entre la policía sobre quién estaba al mando.
Mientras los estudiantes y los maestros llamaban al 911 desde dentro de las aulas, decenas de oficiales vacilaban en el pasillo, sin saber qué hacer a continuación. Padres desesperados que se habían reunido fuera del edificio les rogaban que actuaran.
Un lanzamiento masivo de grabaciones de audio y video de ese día el mes pasado incluyó llamadas al 911 de estudiantes dentro de la clase. Un estudiante que sobrevivió se puede escuchar suplicando ayuda en una serie de llamadas, susurrando al teléfono que había "muchos" cuerpos y diciendo al operador: "Por favor, no quiero morir. Mi maestro está muerto. Oh, Dios mío".
El tirador de 18 años entró en la escuela a las 11:33 a.m., disparando inicialmente desde el pasillo antes de entrar en dos aulas de cuarto grado adyacentes. Los primeros oficiales que respondieron llegaron a la escuela minutos después, acercándose a las aulas pero luego retrocediendo cuando el tirador abrió fuego.
Finalmente, a las 12:50 p.m., un grupo liderado por un equipo táctico de Patrulla Fronteriza entró en una de las aulas y eliminó al tirador.
Jesse Rizo, whose niece Jacklyn Cazares was among the students killed, stated that despite not having seen the report, he was disillusioned by the lack of accountability mentioned in it by family members who had.
“We’ve expected certain outcomes after these investigations, and it’s been letdown after letdown,” said Rizo, who serves on the Uvalde school board.
Two responding officers are now facing criminal charges. Former Uvalde school Police Chief Pete Arredondo and former school officer Adrian Gonzales have pleaded not guilty to multiple charges of child abandonment and endangerment. A Texas state trooper in Uvalde who was suspended has been reinstated.
Last week, Arredondo petitioned a judge to dismiss the indictment, arguing he should not have been designated the incident commander and has essentially been made a scapegoat for the broader law enforcement failures that day.
Uvalde police this week placed a staff member on paid leave following the completion of an internal investigation into the discovery of additional video following the massive release last month of audio and video recordings.
Victims' families have filed a $500 million federal lawsuit against the law enforcement agencies that responded to the shooting.
After the indictment of two Uvalde school officers for their inaction, Jesse Rizo, a Uvalde school board member and relative of a victim, expressed disappointment about the lack of accountability in the investigation results.
Despite not being involved in the Department of Homeland Security's examination, the Border Patrol has managed to avoid the same level of criticism as other law enforcement bodies due to their response to the Uvalde school shooting.
Lea también:
- Se constituye un nuevo grupo parlamentario de derechas en el Parlamento Europeo, sin la AfD
- Indignación por supuestos planes de asesinato contra el CEO de Rheinmetall
- La alianza de derechas de Orban en la UE, a punto de alcanzar la categoría de grupo parlamentario
- USA pidiendo acuerdo de rehenes - advirtiendo palabras a Netanyahu
