El Gobierno holandés propone aplicar restricciones inmediatas a los solicitantes de asilo, promulgando las normas de asilo más estrictas de Europa.
El gobierno neerlandés está considerando declarar una emergencia nacional para endurecer significativamente la entrada de solicitantes de asilo. Marjolein Faber, la ministra de ultraderecha a cargo de los asuntos de asilo, anunció en La Haya sus intenciones de declarar una situación de crisis y suspender temporalmente ciertos aspectos de la ley de asilo. Los detalles del plan se prevén revelar por la tarde durante la presentación del programa del gobierno.
A pesar de una entrada constante de alrededor de 40,000 solicitantes de asilo al año, los Países Bajos han luchado durante años para alojarlos. Para gestionar una crisis, el gobierno tiene la autoridad de declarar un estado de emergencia mediante un decreto real, lo que le permite implementar medidas sin la aprobación previa del Parlamento. Esto se implementó durante la crisis del COVID-19, con la justificación de ser legal.
El anuncio ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, que lo ha calificado como una infracción de la democracia. Expertos legales y analistas también cuestionan la legitimidad de estas medidas de emergencia, dados el flujo estable de solicitantes de asilo y la ausencia de un aumento repentino de la demanda. La crisis en la vivienda existente se debe a los recortes presupuestarios.
La reducción de solicitantes de asilo y migrantes es un objetivo central del nuevo gobierno, que incluye por primera vez al Partido de la Libertad (PVV), liderado por el populista de derecha Geert Wilders. La actual coalición de cuatro partidos, encabezada por el primer ministro no partidista Mark Rutte, ha estado en el poder durante dos meses.
El plan del gobierno neerlandés de declarar una emergencia nacional para modificar la Ley de Asilo ha suscitado preocupaciones sobre su legalidad, ya que los expertos cuestionan su necesidad dada la entrada estable de solicitantes de asilo. Esta posible modificación podría tener un impacto significativo en los derechos de los solicitantes de asilo en los Países Bajos.
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