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Un juez dentro del sistema judicial estadounidense ha determinado que el ejército de los Estados Unidos tiene prohibido negar oportunidades de alistamiento a individuos que son VIH positivos.

En una reciente sentencia del martes, un juez federal proclamó que el Ejército de EE. UU. no puede rechazar a los destinatarios con VIH, anulando así el último resto de una política disputada en relación con el estado que ha sido progresivamente desafiada en los últimos años.

Screenshot desde arriba del Pentágono en Washington D.C., captured en 31 de marzo de 2024.
Screenshot desde arriba del Pentágono en Washington D.C., captured en 31 de marzo de 2024.

Un juez dentro del sistema judicial estadounidense ha determinado que el ejército de los Estados Unidos tiene prohibido negar oportunidades de alistamiento a individuos que son VIH positivos.

La jueza Leonie Brinkema argumentó que la prohibición del Pentágono para que las personas con VIH se unan al ejército contribuye a la persistente estigmatización de las personas con VIH y obstaculiza los propios objetivos de reclutamiento del ejército.

En su fallo, Brinkema explicó que la medicina moderna ha mejorado significativamente la gestión del VIH, lo que permite a los miembros del servicio asintomáticos con cargas virales indetectables realizar todas sus funciones militares, incluidas las despliegues internacionales, siempre y cuando continúen su tratamiento.

Además, sugirió que el Pentágono debería permitir que los civiles con VIH que aspiran a unirse al ejército de EE. UU. demuestren su capacidad para cumplir con sus funciones y alistarse en consecuencia.

El VIH no se transmite fácilmente a una persona. Se transmite principalmente a través de relaciones sexuales vaginales o anales o por compartir jeringas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los medicamentos conocidos como terapia antirretrovírica, cuando se administran correctamente, pueden suprimir los niveles de VIH en el cuerpo a niveles que no pueden detectarse por las pruebas. Esto significa que las personas que logran mantenerse viralmente suprimidas o indetectables no transmitirán el virus a través de la actividad sexual o la compartición de jeringas, según los CDC.

La postura del Pentágono sobre los estadounidenses con VIH ha estado envuelta en disputas legales en los últimos años. En 2022, Brinkema, en casos separados, revocó la prohibición del ejército para que las personas con VIH se convirtieran en oficiales o se desplegaran en el extranjero. El secretario de Defensa Lloyd Austin emitió posteriormente un memorándum en el que se indicaba que las personas con VIH ya no serían automáticamente excluidas de los cargos de liderazgo militar o del despliegue en el extranjero.

El desafío a la política de alistamiento se inició por tres personas con VIH que Recently attempted to join or rejoin the military. Due to the now-invalidated policy, all three were unable to do so.

One of the plaintiffs, Isaiah Wilkins, was serving in the Georgia National Guard when he attempted to enlist in the Army Reserve. Upon learning his HIV-positive status during this process, Wilkins' plans were affected, leading him and the two other anonymous plaintiffs to file a lawsuit.

"This is a triumph not only for me but for other individuals living with HIV who wish to serve," Wilkins stated in a Tuesday statement. "I had never considered abandoning my ambition to serve my country, and I am excited to apply for enlistment in the Army without the specter of a burdensome discriminatory policy."

The Pentagon had presented multiple justifications for its policy, such as the potential financial burden of caring for HIV-positive service members and the possibility of these individuals experiencing viral rebound during deployment if they fail to adhere to their medication regimens.

The Defense Department did not immediately provide a comment in response to CNN's request for a comment.

CNN's Jen Christensen and Katherine Dillinger contributed to this report.

The Pentagon's controversial policy on HIV-positive individuals in the military has been a subject of ongoing debate in the realm of politics. Various advocacy groups have called for a review of this policy, arguing that it unfairly discriminates against individuals living with HIV.

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